Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en las decisiones que afectan a su vida personal y familiar
¿A qué edad puede un menor ser escuchado? Explicamos sus derechos, cómo se valora su opinión en la custodia y qué establece la ley en España y Cataluña.
Los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en las decisiones que les afectan. Analizamos a partir de qué edad, cómo se desarrolla la audiencia judicial y qué importancia tiene su opinión en los procedimientos de custodia.
Derecho del menor a ser escuchado: cuándo y cómo se tiene en cuenta su opinión
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en las decisiones que afectan a su vida personal y familiar. Este derecho resulta especialmente importante en situaciones de separación, divorcio, guarda y custodia o modificación de medidas. Sin embargo, escuchar a un menor no significa que deba decidir entre sus progenitores ni asumir la responsabilidad de resolver sus desacuerdos.
¿A partir de qué edad puede un hijo expresar su opinión ante un juez? ¿Qué ocurre cuando tiene menos de doce años? ¿Puede pedir vivir con uno de sus progenitores? ¿Cómo se realiza la audiencia judicial? ¿Qué sucede si su opinión no coincide con la decisión finalmente adoptada?
Estas cuestiones generan numerosas dudas entre las familias.
La legislación española reconoce expresamente el derecho del menor a ser oído y escuchado. También establece garantías para que pueda ejercerlo en condiciones adecuadas a su edad, madurez y circunstancias personales.
En este artículo explicamos cómo funciona este derecho, qué importancia tiene en los procedimientos familiares y cuáles son sus particularidades en Cataluña.
¿Qué es el derecho del menor a ser escuchado?
Es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a expresar sus opiniones sobre las cuestiones que les afectan y a que esas opiniones sean debidamente consideradas.
No se limita a permitir que un menor hable.
También exige que pueda recibir información comprensible, expresarse en condiciones adecuadas y que su opinión sea valorada de acuerdo con su edad y madurez.
El artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, reconoce este derecho tanto en el ámbito familiar como en los procedimientos administrativos, judiciales y de mediación que puedan afectar a su esfera personal, familiar o social.
Por tanto, el derecho a ser escuchado no existe únicamente cuando una familia acude a los tribunales.
También tiene relevancia en las decisiones familiares que afectan directamente a los hijos.
¿Por qué es importante escuchar a los hijos?
Porque los menores son titulares de derechos propios.
Una separación o un divorcio puede modificar profundamente su vida cotidiana.
Pueden cambiar los domicilios, las rutinas, los períodos de convivencia, los desplazamientos o las relaciones familiares.
Estas decisiones afectan directamente a los hijos, aunque formalmente sean adoptadas por los adultos o por una autoridad judicial.
Escucharles permite conocer cuestiones que quizá no resulten evidentes desde la perspectiva de sus progenitores.
Por ejemplo:
- cómo viven la organización familiar;
- qué situaciones les preocupan;
- qué necesidades consideran importantes;
- cómo experimentan los cambios;
- qué relaciones afectivas valoran;
- qué dificultades encuentran en su vida cotidiana;
- qué deseos o preferencias quieren expresar.
Su opinión puede aportar información relevante para comprender mejor sus circunstancias.
Escuchar al menor significa reconocer que su experiencia y su perspectiva importan.
¿A partir de qué edad tiene derecho a ser escuchado?
El derecho a ser escuchado no comienza automáticamente a los doce años.
La legislación española establece que los menores deben poder ejercerlo teniendo en cuenta su edad y madurez.
El artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 dispone que se considera, en todo caso, que existe suficiente madurez cuando el menor ha cumplido doce años.
Pero esto no significa que los niños menores de esa edad carezcan del derecho a ser escuchados.
Un menor de ocho, nueve, diez u once años también puede tener suficiente madurez para comprender y expresar su opinión sobre determinadas cuestiones.
La valoración debe atender a su desarrollo y a su capacidad para comprender el asunto concreto.
Por tanto, los doce años no constituyen la edad a partir de la cual nace el derecho a ser escuchado.
Constituyen una referencia legal especialmente relevante para valorar la madurez.
¿Qué significa tener suficiente madurez?
La madurez no puede determinarse únicamente por la edad.
La legislación establece que debe valorarse considerando el desarrollo evolutivo del menor y su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto.
Esto implica que no todas las cuestiones presentan la misma complejidad.
Un niño puede comprender adecuadamente determinadas circunstancias de su vida cotidiana, aunque no tenga capacidad para valorar todas las consecuencias jurídicas de un procedimiento.
Por ejemplo, puede explicar:
- cómo se siente en un determinado entorno;
- qué dificultades experimenta;
- cómo afectan los desplazamientos a su rutina;
- qué actividades considera importantes;
- qué aspectos de la convivencia le preocupan.
No es necesario que conozca las normas jurídicas sobre custodia para que sus opiniones puedan ser relevantes.
¿A los doce años puede elegir con qué progenitor vivir?
No automáticamente.
Esta es una de las confusiones más extendidas en Derecho de Familia.
Cumplir doce años no significa adquirir la facultad de decidir unilateralmente la modalidad de custodia.
La legislación reconoce el derecho del menor a ser escuchado y establece que su opinión debe ser considerada de acuerdo con su edad y madurez.
Pero la decisión sobre la guarda y custodia debe adoptarse atendiendo a su interés superior y a las demás circunstancias jurídicamente relevantes.
Por tanto, deben distinguirse tres cuestiones:
Expresar una opinión. El menor puede comunicar sus deseos, preocupaciones y preferencias.
Ser escuchado y tenido en cuenta. Su opinión debe valorarse con las garantías correspondientes.
Adoptar la decisión jurídica. Corresponde a quienes tienen atribuida legalmente esa responsabilidad y, cuando existe un procedimiento, al órgano judicial competente.
La participación del menor no debe confundirse con trasladarle la responsabilidad de resolver el conflicto.
¿Puede un menor pedir vivir con uno de sus progenitores?
Puede expresar esa preferencia.
Su opinión puede resultar relevante para determinar cómo se organizará la convivencia.
Sin embargo, la preferencia manifestada no determina automáticamente el resultado.
Puede ser necesario comprender:
- qué desea exactamente;
- cuáles son sus motivos;
- desde cuándo mantiene esa preferencia;
- su edad y madurez;
- cómo son sus relaciones familiares;
- qué necesidades expresa;
- qué consecuencias tendría la organización solicitada;
- qué otras circunstancias deben considerarse.
Por ejemplo, preferir un domicilio porque está más cerca del colegio puede plantear cuestiones diferentes de expresar miedo, inseguridad o dificultades importantes en un entorno familiar.
La finalidad debe ser comprender la situación del menor, no limitarse a contabilizar su preferencia.
¿Qué significa escuchar sin obligar a elegir?
Esta distinción es especialmente importante.
Un hijo puede tener derecho a explicar cómo se siente con cada progenitor sin que ello signifique que deba escoger entre ambos.
Plantearle la situación como una elección entre su padre y su madre puede generar una carga emocional innecesaria.
Además, puede dificultar que exprese libremente sus sentimientos cuando mantiene vínculos afectivos importantes con ambos.
Por ello, conviene distinguir entre preguntas destinadas a comprender sus necesidades y preguntas que le trasladan la responsabilidad de decidir.
No es lo mismo preguntar:
«¿Qué cosas te resultan difíciles cuando cambias de casa?»
que plantear:
«¿Con quién quieres quedarte definitivamente?»
La segunda formulación puede situar al menor ante una elección que no le corresponde resolver por sí solo.
El objetivo de la escucha debe ser conocer su experiencia y opinión, respetando su libertad y bienestar.
¿Cuándo se escucha al menor en un procedimiento de custodia?
En los procedimientos judiciales que afectan a los hijos pueden resultar aplicables distintas previsiones sobre su audiencia, según el tipo de procedimiento y las circunstancias.
El Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplan la escucha de los menores en decisiones relativas a guarda, custodia y otras medidas familiares.
La forma de practicarla puede variar dependiendo de si el procedimiento es contencioso o de mutuo acuerdo y de las garantías legalmente exigibles.
Por tanto, no es correcto afirmar que todos los procedimientos de familia requieren exactamente la misma actuación.
Tampoco debe confundirse el derecho del menor a ser escuchado con una obligación de someterlo indiscriminadamente a entrevistas o exploraciones.
La decisión sobre la forma de garantizar su participación debe ajustarse a la legislación y a su interés superior.
¿Cómo se realiza la audiencia judicial de un menor?
La audiencia debe desarrollarse de manera adecuada a su edad, situación personal y desarrollo evolutivo.
La Ley Orgánica 1/1996 establece garantías específicas.
Entre ellas se encuentran:
Lenguaje comprensible. El menor debe poder entender las cuestiones que se le plantean.
Accesibilidad. La información y la comunicación deben adaptarse a sus circunstancias.
Protección de la intimidad. Deben evitarse exposiciones innecesarias de su vida personal.
Asistencia especializada cuando sea necesaria. Pueden intervenir profesionales cualificados o expertos.
Información suficiente. Debe explicarse al menor qué se le pregunta y qué consecuencias puede tener su opinión.
Respeto a las garantías del procedimiento. La audiencia debe desarrollarse de acuerdo con las exigencias legales.
La finalidad no es realizar un interrogatorio propio de un procedimiento entre adultos.
Se trata de garantizar que el menor pueda expresar su opinión de manera adecuada.
¿La audiencia del menor es lo mismo que una prueba testifical?
No deben confundirse.
En un procedimiento judicial, la escucha del menor tiene una finalidad relacionada con el ejercicio de su derecho de participación y la valoración de su interés superior.
No debería tratarse al hijo como si fuera simplemente un testigo llamado a confirmar la versión de uno de los progenitores.
Tampoco debería utilizarse su intervención para trasladarle la responsabilidad de acreditar quién tiene razón en el conflicto familiar.
Su participación debe respetar su condición de menor y las garantías específicas establecidas legalmente.
¿Los progenitores están presentes durante la audiencia?
La forma concreta de desarrollar la audiencia depende del procedimiento y de las garantías aplicables.
La legislación exige preservar la intimidad del menor y procurar condiciones adecuadas para que pueda expresarse libremente.
En el ámbito judicial pueden establecerse condiciones destinadas a evitar interferencias o presiones y a proteger su bienestar.
No debe suponerse que la audiencia funciona como una conversación familiar en presencia de ambos progenitores.
La intervención corresponde a los profesionales y autoridades competentes conforme a las normas procesales.
¿Puede expresarse de manera distinta al lenguaje verbal?
Sí.
La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor contempla expresamente que el menor pueda expresar su opinión verbalmente o mediante formas no verbales de comunicación.
Esta previsión resulta importante porque no todos los niños y adolescentes tienen las mismas capacidades o necesidades comunicativas.
El derecho a ser escuchado no debería depender exclusivamente de la facilidad para mantener una conversación convencional.
Pueden resultar necesarias adaptaciones relacionadas con:
- el lenguaje utilizado;
- los tiempos de comunicación;
- los apoyos disponibles;
- las características del entorno;
- los medios de expresión;
- las necesidades específicas del menor.
La finalidad es garantizar una participación efectiva y no meramente formal.
¿Qué ocurre si el menor tiene una discapacidad o necesidades de comunicación específicas?
La legislación prohíbe la discriminación en el ejercicio del derecho a ser escuchado por razón de edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia.
Esto significa que deben considerarse los apoyos y adaptaciones necesarios para facilitar su participación.
En determinados casos puede resultar conveniente recurrir a profesionales especializados o a sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.
También puede ser necesario adaptar la duración, estructura o condiciones de la audiencia.
La existencia de una discapacidad no elimina el derecho del menor a expresar su opinión.
La obligación es facilitar que pueda ejercer ese derecho en condiciones adecuadas a sus circunstancias.
¿Puede un menor expresar una opinión diferente de la de sus progenitores?
Sí.
El derecho a ser escuchado implica que su opinión tiene valor propio.
Un hijo puede experimentar una situación familiar de manera diferente a como la describen sus progenitores.
También puede mantener deseos, preocupaciones o necesidades que no coincidan plenamente con las preferencias de ninguno de ellos.
Por ello, escucharle no debería limitarse a comprobar si está de acuerdo con una propuesta formulada por los adultos.
Debe existir una oportunidad real de expresar su propia perspectiva.
¿Y si el menor cambia de opinión?
Las opiniones, necesidades y preferencias pueden evolucionar.
Esto resulta especialmente comprensible durante la infancia y la adolescencia.
Un cambio de opinión no demuestra automáticamente que exista manipulación, falta de madurez o ausencia de una necesidad real.
Puede responder a diferentes circunstancias.
Por ello, cuando resulte jurídicamente relevante, debe analizarse el contexto, la evolución de la situación y las razones que el menor pueda expresar.
No corresponde establecer conclusiones automáticas únicamente porque su posición haya cambiado.
¿Qué ocurre si existen indicios de presión o influencia sobre el menor?
En situaciones de conflicto familiar puede ser necesario valorar si el menor dispone de condiciones adecuadas para expresar libremente su opinión.
La existencia de presiones, amenazas o interferencias puede afectar al ejercicio efectivo de este derecho.
Sin embargo, tampoco debe concluirse automáticamente que una opinión desfavorable a uno de los progenitores es consecuencia de una influencia indebida.
Las manifestaciones del menor deben examinarse con prudencia y dentro del conjunto de circunstancias.
Cuando existan cuestiones que requieran valoración especializada, pueden resultar relevantes las actuaciones de los profesionales competentes.
La prioridad debe ser proteger al menor y comprender su situación, no desacreditar su opinión por el mero hecho de que no coincida con las expectativas de un adulto.
¿Puede el juez decidir algo diferente de lo que pide el menor?
Sí.
El derecho a ser escuchado no significa que su opinión tenga carácter vinculante en todas las decisiones.
El órgano judicial debe valorar sus manifestaciones junto con los demás elementos relevantes y adoptar una resolución conforme al interés superior del menor.
Por tanto, puede existir una diferencia entre la preferencia expresada y la medida finalmente adoptada.
Eso no significa necesariamente que su opinión haya sido ignorada.
Lo jurídicamente importante es que se respeten las garantías de participación y valoración que correspondan y que la decisión esté debidamente motivada.
¿Qué sucede si no se escucha al menor?
La omisión de la audiencia puede tener consecuencias jurídicas cuando se vulnera su derecho a ser escuchado o se incumplen las garantías procesales aplicables.
La Ley Orgánica 1/1996 exige que, cuando se deniegue la audiencia del menor en vía administrativa o judicial, la decisión sea motivada en su interés superior y se comunique en los términos establecidos legalmente.
Además, las resoluciones sobre el fondo deben recoger, cuando corresponda, el resultado de la audiencia y su valoración.
Las consecuencias procesales concretas de una omisión deben analizarse atendiendo al procedimiento, las circunstancias y la normativa aplicable.
No toda situación puede resolverse mediante una regla general.
¿El menor tiene que repetir su opinión muchas veces?
El ejercicio del derecho a ser escuchado debe desarrollarse evitando actuaciones innecesarias que puedan perjudicarle.
En procedimientos especialmente complejos puede resultar importante coordinar adecuadamente las intervenciones profesionales y judiciales.
La necesidad de obtener información debe equilibrarse con la protección de su intimidad y bienestar.
La participación del menor no debería convertirse en una sucesión indiscriminada de entrevistas en las que tenga que repetir constantemente experiencias difíciles.
El derecho a ser escuchado en Cataluña
Cataluña dispone de una regulación civil propia que reconoce expresamente este derecho.
El artículo 211-6 del Código Civil de Cataluña establece que el interés superior del menor constituye el principio inspirador de cualquier decisión que le afecte.
También dispone que el menor, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de adoptar decisiones que afecten directamente a su esfera personal o patrimonial.
Esta regulación confirma dos ideas fundamentales:
Primera: el derecho a ser escuchado no se limita a los procedimientos judiciales.
Segunda: los doce años constituyen una referencia legal relevante, pero los menores de esa edad también pueden ejercer este derecho conforme a su capacidad natural.
La opinión de los hijos en las decisiones sobre custodia en Cataluña
El artículo 233-11 del Código Civil de Cataluña incluye expresamente la opinión manifestada por los hijos entre los criterios para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda.
Sin embargo, establece que los diferentes criterios deben ponderarse conjuntamente.
Esto significa que la opinión del menor debe valorarse junto con otras circunstancias, como:
- sus vínculos afectivos;
- la capacidad de cada progenitor para garantizar su bienestar;
- la cooperación parental;
- la dedicación anterior al cuidado;
- los acuerdos existentes;
- los domicilios;
- los horarios y actividades.
Por tanto, tampoco en Cataluña la opinión del menor determina automáticamente una modalidad concreta de custodia.
Su participación es relevante, pero debe integrarse en la valoración de su interés superior.
¿Cómo pueden los progenitores favorecer que sus hijos se expresen libremente?
El derecho a ser escuchado también tiene una dimensión cotidiana.
Los progenitores pueden favorecer su ejercicio creando condiciones en las que los hijos se sientan seguros para expresar preocupaciones, necesidades y opiniones.
Entre las prácticas que pueden contribuir a ello se encuentran:
- escuchar sin interrumpir constantemente;
- utilizar un lenguaje adecuado a la edad;
- permitir que el hijo exprese sentimientos diferentes;
- evitar descalificar al otro progenitor;
- no exigir que tome partido;
- no convertir sus opiniones en argumentos de confrontación;
- explicarle que los adultos son responsables de las decisiones que les corresponden;
- respetar su intimidad.
Estas orientaciones no sustituyen una intervención profesional cuando existen conflictos graves o necesidades específicas.
Su finalidad es recordar que escuchar no significa interrogar, presionar ni exigir respuestas determinadas.
Preguntas frecuentes sobre el derecho del menor a ser escuchado
¿Un niño de diez años tiene derecho a ser escuchado?
Sí. El derecho no comienza a los doce años. Debe atenderse a su edad y madurez, así como a las circunstancias y al procedimiento correspondiente.
¿A los doce años puede decidir con quién vivir?
No automáticamente. Su opinión debe ser escuchada y valorada, pero la decisión jurídica debe adoptarse atendiendo a su interés superior y al conjunto de circunstancias relevantes.
¿Puede un hijo pedir hablar con el juez?
Puede solicitar ser escuchado. La forma de ejercer este derecho y la respuesta a su solicitud deben ajustarse a las garantías y reglas del procedimiento correspondiente.
¿Es obligatorio que el menor elija entre sus padres?
No. El derecho a ser escuchado no significa que deba escoger entre sus progenitores ni asumir la responsabilidad de resolver sus desacuerdos.
¿Puede escucharse a un menor con dificultades de comunicación?
Sí. La legislación contempla formas verbales y no verbales de expresión y exige condiciones accesibles y adaptadas a sus circunstancias.
¿El juez tiene que hacer lo que diga el menor?
No necesariamente. Su opinión debe valorarse de acuerdo con la legislación, pero no sustituye la obligación de adoptar una decisión fundada en su interés superior.
¿La opinión del menor puede influir en una modificación de custodia?
Sí, puede resultar relevante cuando se solicita una modificación de medidas, junto con las demás circunstancias y requisitos legales aplicables.
Escuchar a los hijos es reconocer sus derechos
El derecho del menor a ser escuchado constituye una de las manifestaciones más importantes del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos.
En Derecho de Familia adquiere especial relevancia porque muchas decisiones adoptadas después de una ruptura afectan directamente a su vida cotidiana.
Escucharles permite conocer sus necesidades, preocupaciones, experiencias y deseos.
Pero también exige respetar sus circunstancias personales y evitar que su participación se convierta en una carga emocional.
El objetivo no es pedir a los hijos que decidan por los adultos. Es garantizar que las decisiones de los adultos no se adopten ignorando la voz de los hijos.
Los contenidos de DerechoDeFamilia.es tienen carácter informativo y divulgativo y no constituyen asesoramiento jurídico individualizado.
Cuando sea necesario valorar un procedimiento concreto, determinar las garantías aplicables o adoptar decisiones con consecuencias jurídicas, debe consultarse a un profesional cualificado.
Comprender para decidir.
Fuentes y referencias
Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Artículo 12, relativo al derecho del niño a expresar libremente su opinión y a ser escuchado en los procedimientos que le afecten.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Especialmente artículos 2 y 9, relativos al interés superior del menor y al derecho a ser oído y escuchado. Consultar en el BOE.
Código Civil. Especialmente artículo 92, sobre medidas relacionadas con la guarda, custodia, cuidado y educación de los hijos. Consultar en el BOE.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Especialmente artículos 770 y 777, relativos a procedimientos matrimoniales. Consultar en el BOE.
Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. Especialmente artículos 211-6 y 233-11, relativos al interés superior del menor, su derecho a ser informado y escuchado y los criterios para determinar la guarda. Consultar en el BOE.
Nota editorial
Este artículo ha sido elaborado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo iniciativa, dirección y supervisión humana, siguiendo los principios de la metodología editorial de DerechoDeFamilia.es. La inteligencia artificial se ha utilizado como herramienta de apoyo a la investigación, estructuración y redacción, sin sustituir la comprobación de las fuentes jurídicas oficiales.
El contenido tiene finalidad informativa y divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico individualizado.
Publicado: 4 de noviembre de 2026
Última revisión: 4 de noviembre de 2026